SAN JACINTO COUNTY, Texas —La crítica es sumamente dura cuando se trata del «tibio» político republicano Greg Abbott, Gobernador del Estado de Texas, cuya línea discursiva socaba los derechos internacionales de la migración y atenta contra todo lo humanamente considerado como «derechos» si se trata de inmigrantes «ilegales».
Como resultado de la masacre de 5 personas, ocurrida la noche del viernes 28 de Abril en el Condado de San Jacinto, Texas, se está llevando a cabo la búsqueda de un hombre armado. Entre la víctimas, lamentablemente se encuentra un niño de 8 años, según informó el alguacil Greg Capers.
El incidente comenzó como una llamada de acoso a la oficina del alguacil poco después de las 11:30 p.m. el viernes por la noche en una casa en Walter Drive en la subdivisión de Trails End. Capers dijo que inmediatamente se convirtió en un tiroteo.
Según Capers, encontraron a varias personas baleadas en la casa. Diez personas estaban dentro de la inmueble en el momento del tiroteo.
Las autoridades identificaron a las víctimas el sábado por la tarde como las siguientes:
- Sonia Guzman, 28
- Diana Velásquez, 21
- Obdulia Molina, 31
- Jonathan Cáceres, 18
- Daniel Enrique Lazo, 9
Hasta el momento no está claro cómo o si las víctimas estaban relacionadas. Todos vivían en el mismo domicilio.
La información brindada por las autoridades indica que cuatro personas murieron en el lugar y que el niño de 9 años murió en el hospital. Tres personas más fueron localizadas al interior de la casa, pero ninguno resultó herido.
Los investigadores dijeron que el tirador, Francisco Oropeza, de 38 años, fue confrontado por vecinos y le pidieron que dejara de disparar porque tenían un niño pequeño que intentaba dormir. Oropeza respondió diciendo que haría lo que quisiera en su propiedad. Minutos más tarde, la tragedia ocurrió.
Posteriormente, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció una «recompensa de USD $50,000 por parte del Departamento de Seguridad Pública (DPS) por los 10 fugitivos ilegalmente en el país, responsables del asesinato de 5 migrantes ‘ilegales'».
El anuncio ha causado bastante controversia, puesto que salió a la luz pública que una de las víctimas, Diana Velásquez, si bien, de origen hondureña, era ciudadana residente legal en los Estados Unidos de América.
El activista social pro derechos de los inmigrantes, Carlos Eduardo Espina, señalo la incompetencia y discriminación por parte del gobernador republicano, y con pruebas en mano, publicó en un tweet la fotografía de la identificación de la víctima.
